Miami, 5 jun (EFE).- Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA, como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, pidieron este viernes usar la jurisdicción universal para indagar al Gobierno de Nicaragua por "crímenes de lesa humanidad" tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.

Los exmandatarios pidieron en un pronunciamiento una investigación criminal internacional contra el Gobierno nicaragüense por el deceso del opositor Rivera, líder del partido indígena Yatama, fallecido la semana pasada tras dos años y medio de detención arbitraria en un paradero desconocido.

En el texto "exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial".

En el posicionamiento, firmado también por el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y la costarricense Laura Chinchilla, entre un total de cerca de 30, los expresidentes denunciaron los "crímenes de lesa humanidad" del "régimen" presidido por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Con ello, se suman a críticas de organismos como la ONU y Amnistía Internacional por el deceso de Rivera, arrestado el 29 de septiembre de 2023 y fallecido el 30 de mayo pasado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde había ingresado desde el 7 de marzo de este año por complicaciones respiratorias.

La muerte del líder indígena se suma a otras seis personas fallecidas que estaban encarceladas en Nicaragua por su oposición al Gobierno.

Además, expertos de Naciones Unidas denunciaron el miércoles que siete familiares de Rivera, de 73 años, desaparecieron de manera forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.

Los expresidentes del Grupo IDEA, en su mayoría de derecha, argumentaron que "los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y están proscritos por el derecho imperativo (ius cogens)".

Por ello, agregaron, "no se eximen a los gobernantes imputables aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen".

También sostuvieron que "las violaciones graves de derechos humanos ocurridas bajo el régimen Ortega-Murillo tienen carácter sistemático y generalizado".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, quedó reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

(c) Agencia EFE