Normalmente, unas elecciones presidenciales en Sudamérica no llamarían la atención en los círculos de poder de Washington. Sin embargo, las elecciones celebradas el pasado fin de semana en Colombia no fueron unas elecciones cualquiera. Aunque sería exagerado afirmar que la relación histórica entre Estados Unidos y Colombia dependerá del candidato que gane la segunda vuelta a finales de este mes, el resultado podría complicar aún más las relaciones o, por el contrario, reforzarlas, en un momento en el que la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental sigue siendo uno de los principales objetivos de la Administración Trump.

Durante el fin de semana, alrededor de una docena de candidatos se disputaron la sucesión de Gustavo Petro, cuyo mandato está limitado a un solo período según la Constitución colombiana. Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta. Efectivamente, eso fue precisamente lo que ocurrió. Iván Cepeda, el candidato de izquierdas respaldado por Petro para continuar su proyecto político, obtuvo el 40.9%. Abelardo de la Espriella, el candidato de extrema derecha, consiguió algo más del 43%.

Por lo tanto, millones de colombianos volverán a acudir a las urnas, esta vez para elegir entre dos candidatos que no podrían ser más diferentes en cuanto a ideologías, políticas y personalidades. Cepeda, un senador que participó en las negociaciones de paz del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace aproximadamente una década, es un tipo estudioso, muy guionizado y un poco aburrido en los mítines de campaña. Es una versión más moderada de Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, quien, aunque controvertido en el país, cuenta con una sólida base de apoyo político entre los sectores marginados que han sido históricamente ignorados por la clase política de Bogotá.

De la Espriella, por el contrario, es en gran medida la versión colombiana del presidente Donald Trump: descarado, adinerado y sin complejos. Además, es un outsider en la política, nunca ha ocupado un cargo electivo y, antes de lanzarse a la campaña presidencial, era conocido sobre todo por ser el abogado principal de Alex Saab, el famoso financista del exdictador venezolano Nicolás Maduro (Saab fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y actualmente se encuentra a la espera de juicio por una larga lista de delitos financieros). De la Espriella también se considera a sí mismo un populista y es un gran admirador de Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador, cuya solución a la violencia de las bandas consiste en encarcelar a unos 90,000 jóvenes basándose en pruebas de lo más endebles.

Esta segunda vuelta de este mes tendrá lugar además en un momento en que Colombia está sufriendo un aumento significativo de la violencia relacionada con el narcotráfico. Aunque la Colombia de 2026 no es ni de lejos tan peligrosa como la Colombia de la década de los noventa, cuando las FARC controlaban amplias zonas del país, esta nación sudamericana está, sin embargo, retrocediendo en materia de seguridad. La histórica iniciativa de Petro denominada ‘Paz Total’, que consistía en negociar simultáneamente con múltiples grupos armados para poner fin a la violencia e integrarlos en las estructuras formales del Estado colombiano, ha tenido unos resultados mediocres. Los primeros acuerdos de alto el fuego alcanzados con algunas de las principales facciones rebeldes colombianas se han roto en gran medida, e incluso cuando esos acuerdos estaban vigentes, las organizaciones criminales aprovecharon la tregua para enfrentarse entre sí con la esperanza de hacerse con más territorio y recursos.

Según los servicios de inteligencia colombianos, el número de personas que forman parte de grupos armados ha aumentado un 45%, hasta alcanzar casi las 22,000, desde el inicio del mandato de Petro. El Comité Internacional de la Cruz Roja señala un incremento del 100% en el número de personas desplazadas entre 2024 y 2025, como consecuencia de las disputas territoriales entre grupos criminales.

Incluso Petro ha tenido que admitir que sus planes de paz no han cumplido las expectativas. La señal más clara de ello fue la reanudación de los ataques aéreos contra algunos de esos grupos, algunos de los cuales han causado la muerte involuntaria de niños. La Administración Trump también ha expresado abiertamente su decepción. Hace solo unos meses, la Administración Trump sancionó a Petro y a su familia, les retiró los visados y tachó al político colombiano de izquierda de narcotraficante confeso que no solo hacía la vista gorda ante la producción de cocaína, sino que, de alguna manera, estaba implicado en el tráfico de drogas.

“Nos encanta el pueblo colombiano… pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale tener cuidado”, dijo Trump sobre Petro durante un acto celebrado en la Casa Blanca el pasado diciembre. Y aunque ambos líderes han hecho las paces desde entonces, tras la visita de Petro a la Casa Blanca el pasado mes de febrero, resulta evidente para cualquiera que esté al tanto de la situación que a Washington sigue sin impresionarle en absoluto la forma en que el Gobierno colombiano está llevando a cabo la lucha contra los cárteles.

Independientemente de quién gane en junio, Trump tiene grandes expectativas respecto a Bogotá. A juicio de Trump, las prioridades número uno, dos y tres para Cepeda o De la Espriella son reducir los envíos de cocaína a Estados Unidos hasta un nivel sin precedentes. Y, para ser justos, las preocupaciones de Trump en este sentido están justificadas, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que hasta el 90% de la cocaína incautada y analizada por las autoridades estadounidenses procede de Colombia.

La forma en que lo hacen los colombianos no es ni de lejos tan importante como el hecho de que se haga el trabajo. Sin embargo, los dos principales candidatos presidenciales de Colombia tienen enfoques marcadamente divergentes. A pesar de los malos resultados, Cepeda sigue siendo un ferviente defensor del plan de ‘Paz Total’ de Petro y está decidido a mantener el diálogo con los grupos criminales menos dispuestos a sentarse a la mesa, aunque también haya sugerido introducir algunos ajustes en la forma en que se aplica la política.

La solución de De la Espriella consiste en volver a sumir a Colombia en un estado de guerra contra cualquier facción rebelde que no se someta. Esto incluye otorgar al ejército colombiano mayor libertad de acción sobre el terreno, firmar un nuevo acuerdo de seguridad con Washington y construir diez megacárceles que imiten la red de centros penitenciarios de Bukele en El Salvador. “Acabaré con el narcoterrorismo y con aquellos a quienes he declarado objetivos militares como si fueran cucarachas, como si fueran ratas. Desataré sobre ellos una ira divina nunca antes vista”, gritó el abogado convertido en político al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones.

Es de esperar que Trump respalde al populista de extrema derecha en cualquier momento.

— Daniel DePetris es investigador en Defense Priorities y columnista de asuntos internacionales del Tribune.

—Traduccion por José Luis Sánchez Pando/TCA

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