El miércoles 17 de junio, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a un gendarme a la pena de 17 años de prisión por el homicidio de un estudiante de turismo de 22 años, ocurrido en febrero de 2025 cuando el joven cruzó la frontera procedente de Bolivia por un paso ilegal. En el caso, intervinieron el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura.
El juicio contra Walter Álvarez se había iniciado el pasado 5 de mayo y el 8 de junio pasado, el tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi lo había considerado responsable del delito de homicidio con dolo eventual. Esta semana se llevó adelante la determinación de la pena, donde el MPF requirió 18 años de prisión.
El caso
El 6 de febrero del 2025, Ivo Torres —integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques— manejaba una motocicleta cuando cruzó la frontera en la zona conocida como “ladrillera”, en la ciudad de La Quiaca. En su mochila llevaba 30 kilos de hojas de coca.
Tras ser divisado por una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería, integrada por el acusado, se inició una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros y duró aproximadamente 6 minutos. El gendarme hizo tres disparos disuasivos, tras lo cual su superior ordenó no disparar. Sin embargo, Álvarez realizó otros 6 tiros más: uno de ellos ingresó por la espalda de Torres y lo mató.
Cabe indicar que al momento de los alegatos por la responsabilidad penal del acusado, el fiscal Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, había requerido que Álvarez sea declarado culpable del delito de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, lo que habría permitido valorar una pena de prisión perpetua.
La querella, por su parte, había pedido que se aplique el agravante de alevosía, mientras que la defensa planteó como calificación penal la de homicidio con exceso en el cumplimiento de su deber, o bien, de índole culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.
Ante estas dos posturas, el tribunal, con los votos de Batule y Matteucci, resolvió declarar al acusado penalmente responsable del delito de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por ser cometido en abuso de sus funciones.
La pena
Durante el juicio de determinación de pena realizado esta semana, el tribunal escuchó a dos testigos de la defensa y al gendarme, que pidió perdón a la familia de la víctima y a la suya, además de expresar el pesar que carga por haber disparado. El fiscal había requerido una pena de 18 años de prisión, mientras que la querella de la familia de Ivo Torres pidió 22 años y la defensa solicitó el mínimo de la escala penal, que son 8 años.
Luego de la deliberación, el tribunal realizó un adelanto de los fundamentos para explicar el monto de la pena que fijó. En ese marco, el juez Batule sostuvo que tuvieron en cuenta todas las circunstancias agravantes y atenuantes para determinar la pena. Remarcó la coincidencia de sus pares en este análisis y mencionó la condición de miembro de una fuerza de seguridad que portaba un arma de fuego que debería usarse en defensa de la vida y no para delinquir como factor agravante.
Mencionó que con su accionar, el gendarme causó un grave daño no sólo a la víctima y su familia, sino también en la sociedad que depositó su confianza en su labor. El tribunal también remarcó el hecho de que el acusado no respeto el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación respecto al uso de armas de fuego y tampoco lo hizo tras escuchar la orden de no disparar dada por su superior.
La jueza Cataldi, en tanto, resaltó el quiebre de confianza con la función de seguridad por parte del imputado. Por último, se dirigió a la familia de Torres y reconoció que la muerte de Ivo "dejó un vacío que no lo podrán cubrir", ya que se trata de una ausencia que va a permanecer en el tiempo. “Ustedes serán innominados”, dado que consideró que "no hay palabras para nombrar a los padres y madres que pierden un hijo".
Responsabilidad acreditada
“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó el fiscal en su alegato, tras lo cual puso sobre relieve las numerosas pruebas que —a su criterio— demostraron el accionar doloso del acusado.
Resaltó la coincidencia entre lo declarado por los tres gendarmes que iban en el móvil respecto a que fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos. Destacó también el valor probatorio de las imágenes de las cámaras recolectadas y la inspección ocultar realizada por el tribunal en el lugar del hecho. Dividió el itinerario en dos secuencias claves: por un lado, el momento en que el acusado realizó tres tiros preventivos, tras lo cual el jefe de patrulla ordenó el cese de disparos.
En una segunda parte, el gendarme desobedeció la orden y volvió a disparar en dirección a la moto y a Torres en seis oportunidades, dos de las cuales impactaron en la víctima. Uno de los disparos fue a su tobillo y el otro atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca e ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.
Según lo declarado por los peritos, los disparos que dieron en la moto y los dos que impactaron en el cuerpo de la víctima se hicieron a corta distancia. Según el derrotero de la persecución, habría sido cuando el gendarme se bajó de la camioneta para perseguir a Torres, quien bajó al cauce del río.
En su exposición, el representante del MPF remarcó el hecho de que el acusado actuó con dolo eventual, ya que fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden. Indicó que sabía cómo disparar, que violó los protocolos de actuación y que era consciente de que podía causar la muerte, lo que no le impidió seguir adelante con sus acciones.
Rechazó que el gendarme haya actuado impulsivamente, ya que “tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”. Refirió la ausencia absoluta de la víctima de causar algún daño a terceros, ya que se trataba de una zona inhóspita. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”.
Por último, subrayó la preparación del imputado, que tenía una trayectoria de 18 años en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.
Descripción de los hechos
Ivo Torres tenía 22 años y era integrante de la comunidad Juan de Quillaques de Quillaques, y estudiante de Turismo. Torres fue fusilado por la espalda por Gendarmería Nacional, que le realizó al menos nueve disparos a corta distancia. La misma fuerza de seguridad está implicada en el crimen de Fernando Gómez, trabajador bagayero de Salta. Los hechos se producen en un contexto de criminalización de los pueblos indígenas por parte del Gobierno.
En ese momento, cuatro gendarmes fueron investigados por el crimen de Ivo Torres, integrante de la comunidad San Juan de Quillaques, de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). El hecho ocurrió el jueves 6 de febrero en La Quiaca, cuando los efectivos perseguían al joven de 22 años mientras transportaba hojas de coca a su localidad. El abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, confirmó que el viernes 7 de febrero por la noche, la causa pasó del Poder Judicial provincial al fuero federal. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por una herida de bala. La jueza federal Carina Inés Gregoraschuk dictó la prisión preventiva de los cuatro gendarmes. La semana siguiente, la defensa de la familia se constituyó como querellante.
El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, a través del fiscal regional Alberto Mendivil, había tomado la causa en las primeras horas de la investigación. Tras el cambio de fuero, la carátula de la misma cambió a “homicidio agravado” sobre los cuatro gendarmes detenidos: el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el sargento primero Walter Daniel Álvarez, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso, quienes estuvieron en el móvil durante la persecución y el asesinato de Ivo Torres. La imputación tomó como agravante la función o cargo “cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario".
La autopsia contó con la presencia de la perito de parte Silvia Brizuela, en representación de la familia de Torres. Al finalizar, la necropsia confirmó que el joven recibió dos disparos de bala en su cuerpo y que uno de ellos fue mortal. También que los recibió mientras conducía la moto, de cerca, y que si bien hay que determinar otras pruebas criminalísticas, se trataría de balas de calibre nueve milímetros, del mismo tipo que utiliza la Gendarmería. La moto que conducía el joven tenía siete disparos, según informaron su familia y el abogado.
Rodrigo Ivo Torres residía en Barrancas, en la cuenca de Salinas Grandes, a 174 kilómetros de la capital jujeña. Había nacido en la comunidad de San Juan de Quillaques, parte del mismo territorio. Estudiaba turismo en el Instituto de Educación Intercultural "Carpinta Guazu Gloria Pérez" y trabajaba en la agricultura y el pastoreo del ganado con su familia. También hacía changas y compraba hojas de coca para venderla a sus pares, como salida para ayudar a que sus hermanos terminen los estudios.
Fueron múltiples las expresiones de repudio y de pedido de justicia desde las organizaciones indígenas que integraron en 2023 el Tercer Malón de la Paz. La Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que nuclea a más de 33 comunidades indígenas, de la que Ivo y su familia son parte, expresó: “Este hecho de violencia nos duele y nos indigna. No podemos permitir más atropellos contra nuestros hermanos. Exigimos una investigación transparente y castigo para los responsables”.
Jóvenes de la Cuenca de Salinas Grandes lo recordaron por su solidaridad y por compartir otras salidas ante el avance minero en el territorio y por dedicarse a proyectos de turismo rural y comunitario. También se expresaron la Nación Omawaca, el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas “Narciso López”, Malón Vive, HIJOS Jujuy y sectores docentes como El Hormiguero.
El gobierno nacional viene reforzando las políticas que sojuzgan a amplios sectores de la población. Y que se expresan con mucha crudeza con acciones constantes de discriminación, racismo y xenofobia en las fronteras, “en nombre de la lucha contra el narcotráfico” contra quienes trabajan para sobrevivir como Ivo o como Fernando Gómez, joven bagayero asesinado en diciembre pasado en Salta y por el que también se investiga a efectivos de Gendarmería.
Poca Información
En el asesinato de Ivo llamó la atención la poca información que circuló respecto a que este asesinato es un crimen de Estado. Mientras el joven era perseguido por los cuatro efectivos de la Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón 21, por una zona periférica en la salida de La Quiaca, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, estaba en la ciudad y desarrollaba actos protocolares junto al intendente Dante Velázquez, funcionarios y diputados de la UCR y el PJ.
La única información de ese momento la brindó un medio de comunicación local: La Quiaca al Día. Ahí dieron cuenta de que la causa estaba en manos del Poder Judicial provincial, a través del Ministerio Público de la Acusación, y de que los gendarmes estaban detenidos. Reina Alancay, madre de Ivo y familiares, solamente recibieron llamados desde la Policía de la ciudad de La Quiaca y de la Fiscalía.
Fueron los organismos de derechos humanos, las comunidades y organizaciones indígenas, y la izquierda quienes se hicieron eco de lo transmitido por la referente indígena, Aurora Choque, quien dio a conocer lo que había sucedido con quien era su sobrino. Eso permitió romper el cerco mediático y que se cambien el fuero y la carátula. La Policía, través de un funcionario a cargo, brindó una conferencia de prensa para medios locales, recién dos días después Allí informaron que “tomaron conocimiento de un accidente de tránsito” aproximadamente a las 10.30 horas del jueves y que fueron a constatar el hecho en la zona del barrio Las Praderas, en el acceso sur de La Quiaca.
Sostuvieron que el personal policial se encontró con la presencia de efectivos de Gendarmería y del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia, y que procedieron a dar aviso a la Fiscalía, donde se demoró a los cuatro efectivos. Según dichos del funcionario, supuestamente el “personal de Gendarmería había detectado a una persona que circulaba y que aparentemente transportaba hojas de coca”.
El Ministerio de Seguridad, comandado por Bullrich a cargo del accionar de Gendarmería Nacional, no emitió opinión al respecto. La situación es muy grave, ya que Ivo fue perseguido por cuatro oficiales y le dispararon aparentemente a quemarropa con balas de plomo. El joven solo llevaba a su comunidad, hojas de coca que se consumen masivamente en la provincia.
El gobernador Sadir tampoco emitió opinión al respecto, más allá que hubo actuación del Ministerio Público de la Acusación y de policía de la provincia.
Mientras se realizaba la autopsia en la morgue judicial, además de los familiares estuvieron referentes de derechos humanos, como Fabiola Suarez de la Coordinadora contra la represión y la diputada Natalia Morales (PTS-FIT), integrante de la comisión de derechos humanos de la Legislatura de Jujuy, entre otros.
Leonardo Pérez Esquivel e integrantes de la Misión de Defensa de los Derechos Humanos articularon para poner en contacto a la perito de parte con el equipo forense de Buenos Aires, y que se pueda garantizar el protocolo de Minnesota (recomendado por las Naciones Unidas para realizar autopsias en el marco de investigaciones de crímenes de lesa humanidad). Sostuvo que la autopsia tendría que haberse desarrollado en el fuero federal, pero el hecho de que se haya acelerado la misma impidió solicitar el cambio, más aún si en las primeras horas la causa se tramitaba en el Poder Judicial provincial.
En el Congreso Nacional, el bloque del FIT presentó con urgencia la interpelación a la ministra Bullrich por este hecho y por el crimen de Fernando Gómez.
