El policía de 32 años fue declarado responsable de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y grooming, todo ello en concurso real. La jueza María Victoria Montoya Quiroga declaró su responsabilidad penal luego de escuchar los alegatos de clausura de las partes. Próximamente, la jueza determinará la pena y la modalidad de cumplimiento en el marco de la audiencia de cesura.
Durante sus alegatos, la Fiscal sostuvo que el acusado aprovechó su condición de policía, la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza de sus familias, provocando secuelas que aún hoy afectan sus vidas.
El sujeto fue denunciado por delitos de abuso sexual en contra de la hija de una amiga. La menor (5) relató lo sucedido una tarde, cuando se encontraba con su mamá de visita en casa del acusado. Dijo que mientras los adultos conversaban en un ambiente, ella se encontraba mirando televisión en otra habitación. En CCTV contó –de acuerdo a las posibilidades simbólicas propias de su edad- que en un momento el amigo de su mamá entró al cuarto, se bajó el pantalón y le introdujo su miembro en la boca. También contó que le tocó sus partes íntimas.
Alberto Gabriel Guaymás también llegó a juicio imputado por grooming en perjuicio de una adolescente (12). Según consta en la causa, obtuvo el número de celular de la menor luego de una intervención policial realizada en el marco de un llamado al SE 911 y comenzó a enviarle mensajes de tono personal con la finalidad de ganarse su confianza y lograr un acercamiento de índole sexual.
Tras valorar las pruebas incorporadas al debate, la jueza Victoria Montoya consideró acreditados los hechos atribuidos al acusado, calificados legalmente como abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, previstos en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal, y grooming, previsto en el artículo 131 del mismo cuerpo legal.
En sus alegatos de clausura, la fiscal Celina Morales Torino afirmó que el Ministerio Público Fiscal logró demostrar con certeza la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal del acusado, derribando el estado de inocencia que lo amparaba al inicio del debate.
La fiscal sostuvo que Guaymás, quien se desempeñaba como personal policial, «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias», para cometer delitos que afectaron profundamente la infancia y adolescencia de ambas menores.
Destacó que, en el caso de la niña de 5 años, el abuso ocurrió en un ámbito de intimidad, sin testigos directos, una característica frecuente en este tipo de delitos. Sin embargo, señaló que el relato de la víctima se mantuvo persistente a lo largo del tiempo y fue corroborado por testimonios de docentes, profesionales de la salud mental y referentes de una fundación a la que asistía.
La fiscal remarcó además que el daño provocado trasciende el momento de los hechos. Durante el juicio se conoció que la niña presenta dificultades en el aprendizaje, episodios de angustia, temor a permanecer sola y un marcado descenso en su rendimiento escolar. Según las pericias psicológicas incorporadas al debate, las experiencias vividas impactaron en su desarrollo emocional y continúan condicionando distintos aspectos de su vida cotidiana.
Respecto del delito de grooming, Morales Torino sostuvo que el acusado utilizó información obtenida durante una intervención policial vinculada a la búsqueda de una adolescente de 12 años para iniciar conversaciones privadas con ella, formularle preguntas de contenido sexual, solicitarle fotografías e intentar concertar un encuentro.
La madre de la adolescente declaró durante el debate que, tras descubrir esos mensajes, su hija sintió miedo y desconfianza hacia la autoridad policial, mientras que la familia debió modificar hábitos y rutinas por la sensación de inseguridad generada por lo sucedido.
Al solicitar una sentencia condenatoria, Morales Torino sostuvo que el acusado «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias», y que «lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad» y remarcó que las pruebas producidas durante el debate permitieron demostrar que ambas víctimas vieron alteradas su infancia y adolescencia como consecuencia de estos hechos.
