Por Fernando Escobar Ayala*

El estado que guardan las fiscalías suele ser un tema ausente del debate público. Mientras la discusión sobre seguridad se concentra en policías, Fuerzas Armadas o estrategias gubernamentales, poco se habla de las instituciones encargadas de investigar los delitos y construir los casos que deberían conducir a la sanción de los responsables. Sin fiscalías capaces, la justicia simplemente no ocurre. En Causa en Común recientemente publicamos un informe que explora las actuales debilidades de las fiscalías en México.

Durante la última década, la transformación de procuradurías en fiscalías fue presentada como una de las grandes reformas institucionales del país. La promesa era crear órganos técnicamente independientes, capaces de investigar delitos sin interferencias políticas. Sin embargo, la evidencia muestra que la autonomía de las fiscalías mexicanas ha sido, en gran medida, una simulación.

Aunque la Constitución establece principios de autonomía e independencia, en la práctica los mecanismos de designación y remoción de fiscales continúan fuertemente condicionados por los poderes ejecutivos y por mayorías legislativas afines. Incluso hoy, seis entidades federativas siguen sin contar legalmente con una fiscalía reconocida como órgano constitucional autónomo. En varios estados, los gobernadores conservan facultades determinantes para nombrar a los titulares de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Pero el problema va mucho más allá de los diseños legales. La falta de autonomía convive con una realidad todavía más preocupante: fiscalías con capacidades institucionales profundamente limitadas.

Los datos disponibles muestran instituciones con escaso personal, sistemas de carrera prácticamente inexistentes y condiciones laborales deficientes. Aunque algunas fiscalías reportan incrementos en el número de ministerios públicos, peritos y policías de investigación, la calidad de la información es frecuentemente inconsistente y difícil de verificar.

La precariedad institucional se refleja en los resultados. Al cierre de 2024, de acuerdo con el INEGI, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República acumulaban más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes de concluir. Si se agregan los asuntos iniciados durante ese mismo año, el universo de expedientes bajo gestión ascendió a casi 4.8 millones, la cifra más alta registrada.

A pesar de esta enorme carga de trabajo, únicamente el 15 % de las carpetas determinadas durante 2024 derivó en el ejercicio de la acción penal. En contraste, 38 % terminó en archivo temporal. Es decir, una proporción significativa de los casos no avanzó hacia la judicialización, sino hacia mecanismos que suspenden o concluyen la investigación sin llegar a una resolución efectiva.

Las cargas de trabajo ayudan a explicar parte del problema. A nivel nacional, cada agente del ministerio público tuvo que atender en promedio 258 carpetas de investigación de manera simultánea. En entidades como Jalisco, la cifra ascendió a 896 expedientes por agente; en Aguascalientes, a 724; y en Baja California, a 550. Hablar de investigaciones exhaustivas y profesionales bajo estas condiciones resulta poco realista.

A estas limitaciones se suman problemas estructurales en materia de profesionalización. Solo una parte de las fiscalías cuenta con sistemas de carrera formalmente regulados y apenas cinco realizaron convocatorias de promoción durante 2024. En el caso de los peritos, ni siquiera existen condiciones mínimas para desarrollar trayectorias profesionales consistentes dentro de las instituciones.

La situación es igualmente preocupante en materia de certificación. Diversas fiscalías reconocieron no contar con manuales o lineamientos para evaluar a su personal ministerial y pericial. Como resultado, únicamente una fracción reducida de ministerios públicos y peritos dispone de certificaciones en control de confianza, competencias o desempeño.

La crisis alcanza también a los servicios forenses. México acumula más de 130,000 personas desaparecidas y miles de hallazgos de fosas clandestinas. Sin embargo, el país sigue sin contar con una política nacional efectiva de identificación humana. La Fiscalía General de la República mantiene pendiente la elaboración del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, mientras persisten opacidad, rezagos y graves insuficiencias institucionales para procesar e identificar restos humanos.

México ha construido fiscalías formalmente autónomas, pero sin controles efectivos, capacidades suficientes ni mecanismos robustos de profesionalización. La autonomía terminó reducida a un atributo jurídico, mientras las instituciones continúan operando con carencias que limitan severamente su capacidad para investigar delitos y atender a las víctimas.

Fortalecer las fiscalías exige mucho más que modificar leyes o crear nuevas estructuras administrativas. Implica desarrollar sistemas de carrera, profesionalizar al personal, mejorar las condiciones laborales, fortalecer los servicios forenses y construir mecanismos reales de rendición de cuentas. Sin ello, la autonomía seguirá siendo una ficción institucional y la justicia continuará siendo una promesa incumplida para millones de personas. ♦

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*Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como investigador en Causa en Común. Su trabajo se ha centrado en el estudio de la incidencia delictiva, las anomalías en los registros oficiales y las condiciones de las corporaciones policiales, fiscalías y penitenciarias del país. Ha coordinado informes sobre violencia, desaparición de personas, militarización, transparencia institucional y políticas de seguridad pública. Redes: @ferchovzky

Causa en Común es una organización ciudadana fundada en 2010 por su presidenta, María Elena Morera. Tiene como misión ayudar en la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; en el fortalecimiento de las instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; y en la generación de propuestas enfocadas al desarrollo institucional y la atención a víctimas.