Los legisladores recibieron en la Cámara de Diputados a autoridades de los colegios profesionales de Trabajo Social y Nutrición y a sectores autoconvocados con el objetivo de evaluar el impacto financiero y los aportes obligatorios de la normativa vigente. Durante la reunión la Comisión de Salud expuso la necesidad de articular consensos, revisar los esquemas de deudas y coordinar acciones para garantizar el bien común de los matriculados sin afectar la sustentabilidad previsional.

En el encuentro encabezado por la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Laura Cartuccia, los referentes del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta, del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social, junto a profesionales autoconvocados de ambos sectores, expresaron su rechazo al esquema de aportes obligatorios que fija la Ley Nº 8.444 y exigieron una flexibilización urgente del régimen. En este sentido, alertaron que la inestabilidad de sus ingresos, sumada a la crisis socioeconómica actual, les impide afrontar las altas cuotas mensuales que impone la entidad previsional.
Entre los puntos principales a modificar, el colectivo solicita la transformación del esquema actual en un sistema de adhesión voluntaria y libre afiliación, fundamentando que la previsión social debe ser una elección y no una imposición ligada a la matrícula. Asimismo, requirieron la condonación de las deudas acumuladas, la readecuación de los rangos etarios que determinan los montos de las cuotas y el establecimiento de aportes variables vinculados directamente con los ingresos reales percibidos, en lugar de importes fijos predeterminados.
Finalmente, los profesionales agradecieron la apertura al diálogo y la oportunidad brindada por los legisladores para trasladar sus inquietudes tras más de un año y medio de gestiones individuales. Coincidieron en que aunar criterios entre todas las partes permitirá avanzar hacia modificaciones estructurales que destraben el conflicto actual, evitando de este modo la asfixia financiera y la precarización de los trabajadores de la salud y el servicio social.
Ley provincial Nº 8.444Esta normativa creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta para brindar una cobertura previsional complementaria y de reparto solidario a los profesionales de Nutrición y Trabajo Social sin embargo, el conflicto central radica en que la afiliación y el pago de aportes fijos mensuales son obligatorios para los que mantengan la matrícula activa. Esta exigencia automática genera un fuerte rechazo debido a que se impone sin considerar la situación laboral o a los aportes vigentes en el sistema nacional (SIPA), y tampoco contempla la diversidad, inestabilidad o discontinuidad de los ingresos reales de cada matriculado.
Situación del Colegio de Graduados en Nutrición
Las autoridades detallaron que la morosidad en su sector alcanza el 14% de la matrícula, con deudas individuales que ya superan el $1.200.000, situación que ha empujado a diversos licenciados a solicitar la baja profesional al no poder sostener los costos de los aportes. Denunciaron una grave falta de comunicación por parte de la Caja y criticaron que los montos obligatorios se calculen en base a la edad de afiliación, una variable que no refleja la capacidad económica real de los trabajadores.
Asimismo, la representación institucional remarcó que el ejercicio independiente en el sector cuenta con ingresos inestables, condicionados en gran medida por los pagos de las obras sociales, principalmente el IPS, que registran demoras de hasta 120 días. Advirtieron que la actual asfixia financiera provoca una irregularidad profesional forzada y que la baja cantidad de nuevos aportantes pone en riesgo la sostenibilidad del sistema a largo plazo, por lo que expresaron su expectativa de alcanzar un acuerdo que deje de perjudicar a los matriculados.
Realidad del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social
Desde su conducción indicaron que la morosidad dentro de su colectivo supera el 23%, reportando deudas individuales acumuladas que llegan a los 2 millones de pesos en los casos de aquellos profesionales que no están aportando.
Las autoridades de la institución expusieron que la ley vigente carece de un sentido solidario genuino al no contemplar las dificultades de quienes recién ingresan al sistema laboral, exigiendo cuotas elevadas de difícil cumplimiento. Afirmaron que la Caja debe dejar de funcionar como un ente meramente recaudatorio y transformarse en una herramienta de protección real, adaptada a una profesión que posee escaso trabajo privado, carece de consultorios propios y se desenvuelve mayoritariamente en un contexto de precarización.
Planteo de los sectores autoconvocados
El sector expuso una profunda crisis de sustentabilidad del sistema previsional, advirtiendo que la Caja cuenta con apenas 1.200 afiliados y podría quebrar en un plazo de 16 años debido a la alta morosidad, la baja natalidad y la inestabilidad laboral. Afirmaron que la Ley Nº 8.444 se aprobó con un "vicio técnico" por carecer de estudios actuariales suficientes, lo que transformó un beneficio futuro en una carga insostenible que impone una doble imposición previsional a la mayoría de los matriculados que ya aportan a la Anses por trabajar en relación de dependencia.
Asimismo, criticaron la falta de interés de las autoridades de la Caja para resolver el conflicto o flexibilizar los pagos, recordando que una mediación legal impulsada por más de 340 profesionales no obtuvo respuestas favorables. Detallaron que las cuotas exigidas oscilan entre los $50.000 y $127.000 mensuales —frente a los menos de $20.000 que abona un monotributista nacional—, por lo que remarcaron la urgencia de una modificación legal que garantice la libertad de elección y ponga freno al endeudamiento progresivo del sector.
Postura de la comisión de Salud
Los diputados presentes enfatizaron la importancia de priorizar el diálogo constructivo entre legisladores, colegios profesionales, autoconvocados y autoridades de la Caja antes de dictaminar cualquier modificación directa a la normativa. Así también, propusieron formalmente que los sectores afectados elaboren y acerquen una propuesta concreta de resolución con sugerencias de cambios específicos que consideren indispensables para subsanar la situación económica que atraviesan los matriculados.
La Comisión de Salud se comprometió a analizar el impacto de la Ley Nº 8.444/24 y a coordinar una revisión integral, aclarando que la derogación total no es viable debido al efecto dominó que podría desestabilizar a otras cajas previsionales de la provincia. Por ello, el cuerpo legislativo buscará un equilibrio que proteja previsionalmente a los trabajadores y evite medidas extremas como los embargos por morosidad, incluyendo en el debate técnico alternativas como la condonación de las deudas acumuladas y el establecimiento de rangos etarios más acordes a la realidad laboral de los profesionales.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Laura Cartuccia, Gerardo Orellana, Fabián Valenzuela, Mónica Goicoechea, Alejandro Esper, Patricio Peñalba, Jorge Restom y Miguel Plaza.
Además concurrieron Emilce Romero, Presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta Laura Allende, Tesorera del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta María Victoria Cedolini, representante del Colegio de Graduados en Nutrición Belén Cabrera, Nutricionista Autoconvocada Gregario Herranz, presidente del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social María Verónica Yonar, del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social y María Eugenia Vargas, Trabajadora Social Autoconvocada.